Decreto: dan de baja una norma de Macri y les liberan las manos a los gobernadores para subir impuestos

Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales. Esos son los impuestos que las provincias y municipios tendrán vía libre para subir a partir de este miércoles tras la oficialización del nuevo Consenso Fiscal, que reemplazará al firmado en el año 2017 durante la gestión de Cambiemos.

“Es un cheque en blanco para que los gobernadores e intendentes, sin ningún límite, puedan subir Ingresos Brutos y tasas municipales. Es una muy mala noticia para los contribuyentes y para los consumidores porque se está dejando sin efecto la disminución de impuestos que son distorsivos y que inciden en los precios, como Ingresos Brutos. Desde este punto de vista, la suspensión del Pacto Fiscal de 2017 trae como consecuencia la quita de competitividad y aleja la posibilidad de atraer inversiones porque deja sin efecto el cronograma de bajas, en el cual algunas actividades pasaban a estar exentas”, sostuvo el tributarista César Litvin, socio de Lisicki Litvin & Asociados.

Con la publicación del decreto 442 en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la Ley 27.634. La norma tiene el visto bueno de todas las gobernaciones salvo San Luis, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires.

“Creo que esta es la manifestación de que al Gobierno no le preocupa realmente el tema impositivo y cómo esto repercute en el bolsillo de la gente. Ahora las provincias y municipios no tienen restricciones ni tope para establecer impuesto y ya sabemos cómo son las provincias: en momentos de escasez se vuelven muy creativas, porque agregan impuestos que en la mayoría de los casos no son constitucionales porque está fuera de la potestad de las provincias poder hacerlo aunque es difícil resolverlo a nivel judicial”, agregó Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados.

En detalle, el nuevo acuerdo fiscal les permitirá a las provincias contar con un monto total de $70.000 millones que podrán utilizar para reactivar las economías regionales. También prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

“Pero esos $70.000 millones no vienen por arte de magia, vienen del bolsillo de los contribuyentes, bolsillo que está anoréxico. Esa plata estimada significa el traspaso de riqueza del sector privado al sector público, que está muy voraz en esta época, mientras que el sector productivo está herido por la pandemia y las restricciones de actividad y demanda”, diferenció Litvin.

En el texto oficial, también se remarca que el nuevo Pacto Fiscal “evalúa conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas” para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los Impuestos Inmobiliarios, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los tributos específicos.

“El consenso fiscal se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021, y con ello todas las obligaciones que se imponían a las provincias para limitar las capacidades de estas o su voluntad de gravar e imponer impuestos a las actividades económicas, inclusive sobre temas como el impuesto inmobiliario. Todo esto se prorrogó un año más, cuando ya se viene prorrogando hace años”, señaló Fernanda Laiún, socia del estudio Laiún Fernandez Sabella & Smudt. En rigor, solo estuvo vigente durante el año 2018.

Los tributaristas advierten: la decisión generará un impacto directo sobre los precios. A pesar de los intentos del Ejecutivo en bajar la inflación, una suba de impuestos genera el efecto contrario. “El alza indirecta de impuestos se traslada sobre el precio final del producto y, además, es acumulable. Tiene un efecto cascada, porque se acumula en cada etapa de la producción. Como siempre, termina repercutiendo más en los que menos tienen”, cerró Sasovsky.